IU-Verdes exige a López Miras que aclare el coste total de la “estafa” de la desalinizadora de Escombreras.

el . Publicado en Cartagena

La formación de izquierdas en la ciudad portuaria pide al gobierno regional que estudia la denuncia de los contratos investigados por la justicia.

 

La dirección local de IU-Verdes en Cartagena ha exigido, a través de su candidata a la alcaldía Victoria Rodríguez la asunción de responsabilidades políticas de Partido Popular en este caso. Tras 12 imputados ya por la jueza y otras 8 personas señalados por la fiscal del caso, la responsabilidad final apunta al que era Ramón Luis Valcárcel, líder del PP, el máximo responsable político regional en ese momento y principal valedor del proyecto.

 

Victoria Rodríguez ha vuelto a recordar que "la propia Intervención General y los Servicios Jurídicos de la CARM, en sendos informes de 2015 apuntaban la inviabilidad de la instalación y recomendaban trasladar toda la información a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia"

Desde IU-Verdes de Cartagena queremos poner de manifiesto “la intencionalidad primera de la desaladora para dar cobertura en el servicio de suministro de agua potable a las nuevas urbanizaciones de la costa, especialmente a la de Novo Cartago, caso también judicializado por indicios de corrupción que ha afectado a altos cargos de los gobiernos de Valcárcel”.

Para la formación de Izquierdas es necesario que los servicios jurídicos de la CARM informen sobre la posibilidad de denuncia y declaración de invalidez de los contratos que vinculan a la sociedad de la Desaladora de Escombreras con las empresas Tedagua e Hydromanagement. E igualmente que la Intervención General de la CARM informe, negro sobre blanco, el total y los conceptos de las cantidades pagadas a dichas empresas con el fin de conocer el coste total pagado ya por la instalación en comparación con su coste inicial.

IU-Verdes exige al gobierno regional que se implique de manera eficaz en la solución de este problema, independientemente del transcurso judicial del mismo para cortar la sangría de recursos que está suponiendo para las arcas públicas de la comunidad autónoma.

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