Los últimos días de la ley del Mar Menor
Fernando ha asumido como una marioneta el discurso negacionista de la ultraderecha
La ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor tiene los días contados, y no porque no haya servido para recuperar y mucho menos proteger el ecosistema lagunar, sino porque Fernando ha asumido como una marioneta el discurso negacionista de la ultraderecha, que antepone los intereses de la patronal agroexportadora al cumplimiento de las normativas medioambientales.
Modificar la ley ha sido desde el inicio el empeño de Vox, que propuso rebajarla a nivel de reglamento, suprimiendo todo el capítulo que regula la actividad agrícola. Aunque la respuesta del PP fue votar en contra de admitir a trámite dicha propuesta, a renglón seguido, ambos partidos presentaron una moción para instar a la aprobación de una nueva proposición de ley que modificara aquella, cuyos trabajos ya se han iniciado en la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional.
La ley 3/2020, consensuada con el PSOE y Ciudadanos, ya rebajó bastante las exigencias de la ley anterior de 2018, aprobada en un momento de minoría parlamentaria del PP; pero, no conforme con ello, el Gobierno regional ha tratado de minorar su efecto incumpliendo sistemáticamente su desarrollo reglamentario, llenando de excepciones los artículos más comprometidos o simplemente haciendo dejadez de sus obligaciones para garantizar el cumplimiento de los mismos.
Así, por ejemplo, después del periodo preceptivo no se ha aprobado, ni lleva camino de aprobarse, el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente ni el Programa de Actuación sobre la zona vulnerable a la contaminación por nitratos agrarios del Campo de Cartagena, especialmente señalado en la disposición final quinta, y se ha dejado caer la moratoria urbanística tras un trilerismo legislativo bochornoso al principio de la legislatura.
En estos días se fragua la estrategia para justificar el cambio legislativo a la baja de la citada ley del Mar Menor, como quieren Vox y ProExport (Fundación Ingenio) sellada en la asamblea anual de esta organización, que no ha tenido empacho en conceder su insignia de oro, bajo tu atenta y complaciente mirada, Fernando, a David Abram, presidente de G’s España, empresa encausada en el caso Topillo y sancionada con 1,1 millones de euros en concepto de responsabilidad ambiental por verter al Mar Menor 2 hm3 de salmuera contaminada entre 2012 y 2016, sanción impuesta a regañadientes por la CARM tras ser esta denunciada por la Fiscalía y condenada por el TSJ de Murcia. Toda una declaración de intenciones.
