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Orgullo y derechos LGTBIQ+

Antelo apunta directamente a derogar la ley LGTBIQ+, lo que supone ir directamente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contra la CE y contra la legislación estatal existente.

La minoría parlamentaria del PP en el periodo 2015-19 posibilitó la aprobación de una serie de leyes que hicieron avanzar a la Región de Murcia en derechos sociales y democráticos de manera significativa; leyes que no se hubieran impulsado por una mayoría conservadora, como ha demostrado ampliamente la falta desarrollo de las mismas y su incumplimiento flagrante por parte de los sucesivos gobiernos populares. 

Así ha ocurrido con la modificación de la ley de vivienda o de la ley para la Igualdad entre hombre y mujeres o con la propia ley de recuperación y protección del Mar Menor, que tiene los días contados. En idéntica situación está la ley 8/2016 de igualdad social de personas LGTBI, amenazada también, además, por la intolerancia homofóbica de Antelo y los suyos

Así, por ejemplo, se tardó cinco años en regular el Observatorio Regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y casi otro más en constituirse sin integrar, además, en aquel momento, a los colectivos LGTBIQ+. Tras un breve recorrido, en esta legislatura ha entrado, de nuevo, en ‘stand-by’. Consecuentemente, tampoco ha elaborado ni remitido a la Asamblea Regional el informe anual preceptivo que cada año debe realizar para evaluar el grado de cumplimiento de la ley y su impacto social. Como tampoco se han elaborado el protocolo de atención integral a las personas intersexuales ni el Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI ni el protocolo de prevención de comportamientos y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y/o transfobia dentro de las medidas que la ley marca en el ámbito educativo.

Pero la homofobia de Antelo va más allá, no se conforma con impedir una declaración institucional en la Asamblea Regional o reducir las exiguas partidas presupuestarias de los dos únicos programas existentes de políticas LGTBIQ+, apunta directamente a derogar la ley, lo que supone ir directamente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts.2 y 7), contra la CE y contra la legislación estatal existente. Derogar, incumplir o no desarrollar esta ley implica anular la garantía del cumplimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ que la misma otorga a las administraciones públicas en el ámbito de nuestra Región.

P.D: El caducado Consejo General del Poder Judicial recoge en un reciente informe que entre 2002-2021 la orientación o identidad sexual ha sido el motivo más frecuente en los delitos de odio en España. 

Toma nota, Fernando.