Trasvase y ‘Trumpismo’

El PP murciano cada vez se parece más al despedido (por la movilización ciudadana) presidente de los EE UU, Donald Trump. Misma incapacidad de razonamiento lógico, mínima capacidad para aceptar otra realidad, posiciones y opiniones distintas de las suyas, y apego cada vez mayor a la utilización de medias verdades para la comunicación política cuando no de mentiras directamente (aunque en esto reconozco que es difícil superar a Trump).

Un tema en el que el PP muestra cada vez más su trumpismo galopante es el que hace referencia al agua y al Trasvase. Así que, de nuevo, se discute hoy en la Asamblea Regional la enésima moción de los ´populares´ en torno a dicha cuestión. Ahorro por falta de espacio la retahíla de referencias trumpistas de la moción que van desde la cantidad de hectáreas que riega el trasvase (incluidas las ilegales), a la trama conspiranoica del Gobierno de Sánchez en connivencia con el de Castilla-La Mancha para cerrar el Trasvase aprovechando la pandemia y el estado de alarma, buscando con ello perjudicar a las Comunidades gobernadas por el PP, pasando por las referencias obligadas al Gobierno socialcomunista y los privilegios concedidos a sus socios separatistas; todo en página y media. No exagero ni un ápice: literal. En el fondo, todo palabrería para justificar burdamente el acuerdo sustancial de la moción: «que no se lleve a cabo ninguna restricción de derechos consolidados adquiridos por regantes y agricultores en lo que a envío de agua se refiere».

Sin embargo, salvo el SCRATS y el PP, nadie considera que existan dichos derechos adquiridos y que, de existir, estarían sujetos a indemnización si fueran conculcados. De hecho, ni la jurisprudencia del TS ni la ley del Trasvase de 1971 reconocen que los trasvases sean un derecho adquirido y sí un recurso discrecional (frente a la pretensión del trasvase automático y obligatorio), sometido a la existencia de aguas excedentarias para cuyo cálculo se han de tener en cuenta, prioritariamente, los usos de la cuenca cedente.

Esta pretensión de considerar un derecho adquirido los trasvases, que puede parecer hasta un argumento razonable, contemplada desde el punto de vista del interés general es un disparate económico, jurídico y medioambiental que pretende consolidar un modelo agroindustrial intensivo al que urge reconvertir siguiendo parámetros de sostenibilidad y mejora de las condiciones laborales, antes de que la propia naturaleza imponga sus drásticas condiciones.

Fuente:laopiniondemurcia.es

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