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La Red de Protección Animal de IU-Verdes exige al Gobierno Regional que asuma sus responsabilidades de inspección sobre la Industria cárnica ante el inicio del juicio por la “Granja de los Horrores” en instalaciones de una filial de “El Pozo Alimentación”

En un momento que califican como “trascendental para la justicia animal en España”, Manel Aparicio, Responsable de la Red de Activistas de Protección Animal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, expresó frente a las instalaciones de «El Pozo Alimentación» su preocupación por el inicio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca la semana pasada del juicio oral del caso conocido como la “Granja de los Horrores” de Alhama de Murcia, quien en 2017 apareciera en el programa de investigación de Jordi Évole.

A pesar de años de espera, Aparicio destacó como insuficiente la solicitud de la Fiscalía, que “busca solo 18 meses de prisión para los responsables de lo que se ha catalogado como el mayor escándalo de maltrato animal en granjas en la historia de España”. Felicitando la valentía de la Fundación Igualdad Animal, por su presentación como acusación particular, por “su compromiso en defensa de los derechos de los animales”.

Desde la Red de Protección Animal de Izquierda Unida-Verdes, señalan al gigante de la ganadería intensiva «El Pozo Alimentación», apercibiendo que la empresa seguirá bajo escrutinio por sus irregularidades. Aparicio ha instado a la empresa “a pasar de las palabras a los hechos, rompiendo relaciones comerciales con aquellos que no cumplen con los estándares de bienestar animal y medioambientales”.

“Esta situación destaca la necesidad de una revisión profunda de las prácticas de la industria alimentaria”, que Aparicio describe como “opaca y necesitada de más transparencia y responsabilidad”. Exigiendo a las autoridades de la Consejería de Medioambiente de la Comunidad Autónoma “reforzar la labor de inspección para garantizar el cumplimiento estricto de la legislación en materia de bienestar animal en todas las fases de producción”.

Aparicio ha subrayado la insuficiencia de las condenas por maltrato animal, así como un llamado a una revisión legislativa urgente para “aumentar las penas y sanciones por actos de crueldad hacia los animales”. Destaca la necesidad de que la justicia refleje la gravedad de estos delitos y actúe como con efecto disuasivo.

El portavoz animalista de IU-Verdes ha defendido que “la sociedad demanda medidas concretas para prevenir futuros casos de crueldad animal y garantizar una producción alimentaria sostenible y ética”. Además, ha instado al Presidente Autonómico Fernando López Miras “a promover políticas basadas en el respeto hacia los animales y la protección del medio ambiente”.

“Este caso no solo representa una oportunidad para la justicia, sino también para redefinir los estándares éticos y sostenibles en la industria alimentaria. La mirada pública está puesta en la toma de decisiones que promuevan un cambio positivo”, concluía Aparicio.

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