Moratoria sí, pero no
El pacto regional PP-Vox ha dado carpetazo a la moratoria urbanística en el Mar Menor en la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea Regional del pasado lunes. Una medida inicialmente introducida por el propio Gobierno regional en el decreto-ley 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor y que establecía un periodo máximo de cinco años de paralización de nuevos desarrollos urbanísticos mientras no se aprobara un Plan de Ordenación Territorial (POT) para la cuenca vertiente de la laguna, periodo que quedó reducido a tres años en virtud de una incomprensible enmienda de PSOE y Cs, aceptada sin ningún problema por el PP en la tramitación posterior como proyecto de ley de dicho decreto.
Desde entonces, todo ha sido un cúmulo de despropósitos que han evidenciado la incapacidad (o la negativa real) del Gobierno regional para cumplir con el mandato del artículo 16 de la ley de recuperación y protección del Mar Menor, es decir, aprobar dicho Plan de Ordenación Territorial para equilibrar la insostenible transformación urbanística y territorial que ha sufrido la cuenca vertiente de la laguna.
Primero fue la caótica licitación del contrato para la redacción del POT, adjudicado con un periodo para su redacción de 32 meses cuando ya solo faltaba poco más de un año para cumplir el plazo establecido por la ley para su aprobación, contrato, por otra parte, que acaba de ser anulado tras «apreciarse un gravísimo retraso temporal y una insuficiencia técnica de la documentación entregada por la empresa adjudicataria».
Después, la tramitación en junio de 2022 de una iniciativa, idéntica a la presentada ahora por el PSOE, para ampliar la moratoria en tanto no se aprobase el susodicho POT; iniciativa entonces facilitada por el PP en su admisión a trámite para luego dilatarla en el tiempo y hacerla decaer, eso sí, siguiendo el procedimiento ordinario al que ahora apela el portavoz parlamentario popular, Joaquín Segado, para justificar su negativa del lunes. Mayor cinismo imposible.
Y finalmente, la surrealista explicación del mismo portavoz a la pregunta de la prensa sobre la posibilidad de que los ayuntamientos concedan licencias urbanísticas con la moratoria caducada: «Se permitiría que pudieran avanzar algunas tramitaciones afectadas por la moratoria urbanística, aunque los ayuntamientos han manifestado su interés en que no se sigan tramitando, salvo en algunas excepciones». Imagino que piensa en su compañero de partido, José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. Ya te vale, Joaquín.
