IU-Verdes exige que el Obispado asuma el coste íntegro de los daños en La Purísima en aplicación estricta de la ley

Alberto Martínez: “Exigimos que se aplique la misma receta que la Iglesia aplica a los demás: cumplimiento estricto de la ley y que asuma sus responsabilidades”

Izquierda Unida-Verdes Yecla ha manifestado su oposición a la utilización de fondos públicos para reparar los desperfectos ocasionados por el viento en la cúpula de la Basílica de la Purísima. Frente a la postura del resto de grupos municipales, que han solicitado la intervención económica de las administraciones, la formación de izquierdas exige el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de Patrimonio Histórico, la cual atribuye la responsabilidad de conservación y financiación única y exclusivamente a su
propietario: el Obispado de Cartagena.

Alberto Martínez, portavoz de IU-Verdes, ha señalado que “no es admisible que las administraciones públicas actúen como la aseguradora a todo riesgo de una institución privada que cuenta con cientos de millones de presupuesto anuales y exenciones fiscales”. Desde el partido recuerdan que la Iglesia Católica actuó con enorme celeridad para inscribir a su nombre este y otros templos, aprovechando resquicios legales para escriturar propiedades que históricamente habían sido mantenidas por el pueblo. “Igual que fueron rápidos para erigirse en propietarios únicos y excluir al dominio público de la titularidad, ahora deben ser igual de responsables para asumir las cargas económicas que esa propiedad conlleva”, sentencia Martínez.

Desde Izquierda Unida fundamentan su exigencia en la legislación vigente. En concreto, aluden a la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, cuyo artículo 8.1 establece que los propietarios de Bienes de Interés Cultural (BIC) tienen la obligación de “conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro”.

Asimismo, recuerdan que la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 36, reitera el deber de los titulares de derechos reales de conservar, mantener y custodiar dichos bienes.
En este sentido, IU-Verdes exige a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma el agotamiento de la investigación oficial para establecer las causas de los desprendimientos. La formación quiere esclarecer si los daños son únicamente fruto de un caso fortuito o si, por el contrario, responden a una falta de mantenimiento continuado por parte del Obispado.