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Hacia la huelga general

Las huelgas generales se hacen para defender derechos, bien sea para avanzar en ellos o para consolidar y mantener lo conquistado. En este caso, se trata de defender la capacidad adquisitiva de los salarios y la mejora de las condiciones laborales, exigir políticas que garanticen el acceso a la vivienda y, finalmente, aunque no menos importante, defender los servicios públicos: la sanidad, la educación y los cuidados.

Si estas son las razones, la ciudadanía de la Región de Murcia debería sentirse especialmente motivada y llamada a participar en esta protesta.

Uno. El salario mediano de la Región de Murcia es el cuarto más bajo del conjunto de las CC AA (INE, 2024) y se sitúa en 1.548 euros brutos mensuales, unos 200 euros menos que la media de España. Este salario supone para un trabajador sin cargas familiares unos 1.300 euros netos mensuales en 14 pagas. O lo que es lo mismo, la mitad de los trabajadores de nuestra región no superan ese nivel salarial.

Debemos añadir a esto que la Región de Murcia presenta un largo historial de conflictividad laboral en torno a la negociación colectiva. Sigue vigente el conflicto por el convenio del metal, pero también sigue latente el de los trabajadores de la sanidad privada, el de manipulado de frutas y hortalizas, el de las empresas productoras de tomate o el del sector agrícola, forestal y pecuario. En suma, alrededor de 120.000 trabajadores con convenios caducados, lo que pone en peligro la capacidad adquisitiva de los salarios y las condiciones laborales.

No queda muy lejos el recuerdo del conflicto del convenio de la hostelería, como ejemplo del deterioro de las condiciones laborales y salariales: catorce años con el convenio caducado, el periodo más prolongado de toda España, entre 2008 y 2023.

Dos. Frente a esta realidad de las condiciones laborales de al menos la mitad de los trabajadores está la realidad de los precios de la vivienda, ya sea en venta o en alquiler. En la última década, según la plataforma Idealista, el precio del alquiler en la Región de Murcia se ha incrementado un 84,3%, pasando de 459 euros de media al mes a 846 euros, lo que viene a suponer el 65% del salario mediano neto. Si la opción es comprar una vivienda, la situación no es mejor. El incremento del precio alcanza el 75% sobre el existente hace una década.

En esta situación confluyen tres causas: un déficit de oferta, es cierto, pero también un problema de especulación y, en tercer lugar, una dejadez absoluta de quien tiene la competencia para impulsar políticas públicas de vivienda, que no es otro que el Gobierno autonómico del PP, aunque también hay que resaltar la tardanza en la reacción del Gobierno central, que ha reaccionado tarde y no con la contundencia necesaria.

La imposibilidad de casar estas dos realidades —salarios de una buena parte de la clase trabajadora y condiciones de acceso a la vivienda—, unida al incremento del precio de los alimentos y de la energía, es la base del descontento social y de la desafección política de una parte más que significativa de nuestra sociedad.

Es verdad, aunque haya quien no quiera reconocerlo, pese a la evidencia de los datos, que los gobiernos de coalición progresista han impulsado avances importantes. Sin embargo, los efectos de buena parte de ellos han sido absorbidos por el incremento, sobre todo especulativo, de los precios antes referidos. Si de algo se le puede acusar a estos gobiernos es de no haber sido más ambiciosos a la hora de impulsar dichos avances.

Tres. El panorama lo completa el deterioro de los servicios públicos, que adolecen de una financiación cada vez más insuficiente y se enfrentan a una amenaza creciente de privatización con gobiernos PP-Vox.

Así que sí, Fernando, en la que tú llamas la mejor tierra del mundo hay más razones que en el resto de España para la huelga general, gracias, en buena parte, a la gestión de 32 años de gobiernos del PP.

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