EL NUEVO DECRETO-LEY DE VIVIENDA ASEQUIBLE ES UN ENGAÑO A LA CIUDADANÍA QUE VUELVE A DEJAR, DE NUEVO, EN MANOS DEL MERCADO LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

El Gobierno regional renuncia, de nuevo, a cumplir con el mandato constitucional que le asigna la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y deja en mano del mercado, causante del problema, junto con la inacción del gobierno de López Miras, la solución del mismo.

Murcia, viernes 3 de julio de 2026.- “Se trata de una propuesta orientada a movilizar, una vez más, la oferta privada de vivienda, camuflada de una supuesta categoría de vivienda protegida que, sin embargo, no se estará sujeta al procedimiento formal de calificación propio de esta categoría de viviendas”, ha explicado la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna. Esto supone, además de un fraude a la ciudadanía, no centrar el problema fundamental de acceso a la vivienda y las causas que lo han provocado.”

El Gobierno regional lleva más de una década renunciando a cualquier tipo de política de vivienda pública impulsada desde el ejecutivo, dejando en manos de la iniciativa privada toda la promoción de vivienda en la región. Por tanto, siendo este el que tiene las competencias y el que renuncia a aplicar las normativas estatales, como el control de los alquileres, y el mercado especulativo el causante directo del alza desproporcionada de los precios, no es admisible el argumento de López Miras que trata de situar la responsabilidad del problema de la vivienda en el gobierno central, ha remarcado la dirigente de izquierdas.

Hay que recordar que el Gobierno regional ha ido disminuyendo su aportación a los planes estatales de vivienda desde 2013, pasando de 19 millones en el plan 2013-17, a 17´6 millones en el plan 2018-22 y a solo 6,3 millones en el plan 2022-25, siempre con una ejecución presupuestaria menor de estas cantidades iniciales.

Por otra parte, la propuesta del PP y del Gobierno regional es de todo menos asequible, ha resaltado la coordinadora de IU. Calcular el precio de la vivienda sobre el metro cuadrado construido y no sobre m2 útil, o bien encarece el precio final un 20% añadido o reduce el tamaño de la vivienda en ese mismo porcentaje. Pero, además, con el precio del m2 construido establecido, 1.840 euros/m2 construido, incluido el precio del suelo, impuestos y otros gastos, el precio final estaría situado en torno a los 230.000 euros, lo que queda fuera del alcance de los salarios del 75% de los murcianos y murcianas.

Ni siquiera ofrece respuestas en materia de alquiler, ya que establece el alquiler máximo en el 6,5% de este precio máximo del m2 construido, 1.840 €, revisable cada año. Ello supone un alquiler inicial de 700 euros para una vivienda de 70 m2 construidos (52 m2 útiles) o de 900 € para una vivienda de 90 m2 construidos (72 m2 útiles), precios que, hay que insistir, son iniciales y se revisarían cada año.

Además, la propuesta del Gobierno relaja las condiciones de protección de las viviendas, pudiendo en el plazo de cinco años revertir la calificación de protegidas, pudiendo así especular con ellas.

Por si esto fuera poco, el aumento de edificabilidad propuesto choca con la mayoría de planes urbanísticos municipales de protección de los cascos históricos, dando muy escaso tiempo a los ayuntamientos para que estos puedan pronunciarse sobre la conveniencia o no de esta medida, en cuyo de no pronunciamiento se aplicaría automáticamente.

Pero, además, son inadmisibles las condiciones impuestas por Vox para desbloquear esta propuesta legislativa. Su propuesta de prioridad nacional, que ahora acepta el PP, es, además de inconstitucional, xenófoba y discriminatoria, lo que abre la vía del recurso de inconstitucionalidad que, desde luego, vamos a explorar y analizar de inmediato.

Finalmente, hay que resaltar que, de nuevo el Gobierno regional recurre a la fórmula del decreto-ley para impulsar su propuesta sobre vivienda asequible, pervirtiendo el sentido de esta fórmula legislativa, a la vez que cercena de raíz la participación política de los grupos parlamentarios y de la ciudadanía de la Región de Murcia. En este sentido, en la próxima convalidación del mismo, solicitaremos su tramitación como proyecto de ley.