A vueltas con la financiación local

El Pleno del Ayuntamiento de Caravaca, en su sesión ordinaria del mes de julio y a propuesta del PP, aprobó una moción en la que insta al Gobierno de España a que refuerce la ayuda y arbitre nuevas fórmulas de financiación directa a los ayuntamientos que compensen los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia. Siendo una propuesta razonable, tropieza, sin embargo, en la ciega estrategia del PP que señala continuamente al Gobierno de España como responsable de todos los males, debiendo ser siempre este, por tanto, quien asuma repararlos.

Veamos: en primer lugar, el estado central ya ha dispuesto ayudas directas para compensar los gastos municipales ocasionados por la pandemia en el ámbito de los servicios sociales o para  asegurar la alimentación  a la población infantil en riesgo de vulnerabilidad, y es posible que, cuando se publique este artículo, haya aprobado también la utilización del superávit de los ayuntamientos para afrontar gastos e inversiones en relación con la crisis sanitaria y social.

Y en segundo lugar, la financiación local depende también, en buena medida, de la CA, tal como especifica el artículo 142 de la CE, en el que se afirma que las haciendas locales “se nutrirán de tributos propios y de la participación en los del Estado y las CCAA”. Y aquí es donde López Miras y los gobiernos anteriores del PP suspenden estrepitosamente.

Es necesario recordar que somos la única CA que carece de una ley de financiación local o normativa de colaboración económica entre el gobierno regional y los ayuntamientos; fórmulas existentes antes de la crisis de 2008, como el Fondo Regional de Cooperación Local y la Caja de Cooperación Local, fueron eliminadas con los recortes presupuestarios de 2012 y nunca recuperadas, y programas como el de Seguridad Ciudadana, que financiaba patrullas de Policía Local, fueron recortados en un 20%.  Y todo ello, a pesar de que la CA recibe del Estado en concepto de financiación de la Diputación más de 200 millones de euros anuales  que, sin embargo,  no se trasladan al gasto y la inversión locales como ocurre con las Diputaciones realmente. En este contexto y con la crisis actual, el gobierno regional no ha sido capaz siquiera de disponer un fondo no reembolsable destinado a los ayuntamientos como ha hecho el gobierno central con las CCAA.

Pero, además, la reforma constitucional del artículo 135 –que aprobaron PP y PSOE- y su corolario la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de la que deriva la Regla de Gasto -que determina la capacidad de gasto anual de las administraciones públicas-, obligan a los ayuntamientos a gastar el superávit presupuestario en amortizar deuda financiera, impidiendo, como ahora, que puedan dedicarlo al gasto extraordinario ocasionado por la Covid-19.

Así que el problema de las haciendas locales, no es puntal. Es un problema estructural agravado por las políticas fiscales y de financiación local que el PP puso en marcha con motivo de la crisis anterior. Solucionar el problema puntual de esta crisis, aun siendo necesario, no será suficiente. La eliminación de la regla de gasto y la aprobación de una ley autonómica de financiación local que asegure una participación estable de los ayuntamientos en los tributos autonómicos, son cuestiones ineludibles, entre otras, para conseguir que la descentralización del gasto público y su correspondiente financiación producida en las dos últimas décadas en nuestro país en favor de las CCAA, también llegue a nuestros ayuntamientos, que siguen recibiendo el mismo  14% de la financiación del  gasto público total que hace 25 años, mientras aquellas han pasado en el mismo periodo del 21% al 36% de dicha financiación.

Fuente: elnoroestedigital.com

Deja un comentario

Enlaces

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia

Aviso Legal · Privacidad · Cookies · 2019 construido por minet.es