De dejadez, nada de nada

Igual que en su momento el Gobierno regional apostó sin pudor por el ladrillo sacrificando la protección del medio ambiente, en el caso del Mar Menor, la apuesta en favor del lobby de la agroindustria exportadora del campo de Cartagena es también inequívoca, a sabiendas de que su actividad era y es destructora del ecosistema lagunar.

Desde Valcárcel a López Miras, y desde Aznar a Rajoy todos son responsables. Así que, de «cierta dejadez por parte de las Administraciones», nada de nada, señora Vidal. Primero fue el intento de frenar la ley 3/1987 de protección y armonización de usos del Mar Menor, con Trillo encabezando un recurso de inconstitucionalidad que pretendía acabar con la prerrogativa de la suspensión de licencias de parcelación y edificación cuando hubiera contradicción del planeamiento municipal con las directrices de ordenación y protección del Mar Menor. El tribunal lo desestimó, pero Valcárcel la derogaría catorce años más tarde con la publicación de la Ley del Suelo de 2001.

Después vendrían las Directrices del Litoral con su plan de urbanismo a la carta y veintisiete años de espera para aprobar el Plan de Gestión Integral del Mar Menor, desde la publicación de la ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio, esta vez por imposición de las directivas europeas y con la crisis del Mar Menor abierta en canal.

Por el camino, la renuncia del consejero Marqués al proyecto CAMP-Mar Menor para la gestión integrada de zonas costeras que contaba con el aval internacional de la Unesco y un millón de euros de dotación ya aprobada. La coincidencia de fechas (año 2004) con la publicación de las Directrices de Litoral no es casualidad.

A la par que el urbanismo, la agroindustria exportadora se ha multiplicado transformando el paisaje según sus intereses, implantando prácticas agrícolas cuyo resultado la convierte en la principal fuente contaminante de la laguna, hasta el punto de que cualquier intento serio para su recuperación pasa por una reordenación de este sector y sus prácticas, cosa a la que nadie está dispuesto. El incumplimiento de la ley de medidas urgentes de febrero de 2017 lo demuestra claramente, López Miras no se atreve.

Llegados a este punto, solo espero que se dote de medios a la Justicia para que llegue hasta el final, y nada de mociones de censura en diferido. López Miras debe dimitir como actual responsable político del desastre.

Fuente: laopiniondemurcia.es

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