El PP y la Ley Celaá

Por más que leo el artículo 27 de la Constitución Española no encuentro ninguna referencia explícita al derecho de las familias a elegir centro docente para sus hijos. Invito a todos/as a que relean este artículo de la Constitución y busquen la mencionada referencia. Es más, López Miras y el PP deberían explicar públicamente en qué parte del texto constitucional se reconoce tal derecho, y desde cuándo el derecho a la educación consiste en la libertad de elección de centro educativo.

Precisamente la Constitución asigna a los poderes públicos la garantía de este derecho a través de la programación general y la creación de centros educativos, independientemente de que esta última potestad también se reconozca a personas físicas y jurídicas, lo que no quiere decir, en absoluto, que los poderes públicos deban financiar esta iniciativa privada. Lo que ocurre es que algunos poderes públicos, como los Gobiernos del PP, han obviado su responsabilidad constitucional dejando en manos de la iniciativa privada la programación y planificación del mapa escolar y de las necesidades de escolarización, limitándose a concertar centros privados que afianzan así su posición dentro del sistema educativo, hasta el punto de pervertir el mandato constitucional que como Gobierno les atañe.

Un ejemplo claro de este abandono ha sido el recorte de profesorado producido en la enseñanza pública entre 2011 y 2014 justificado en la crisis económica anterior: en total 2.254 docentes menos a pesar del incremento del alumnado (+1,7%), y mientras se aumentaban las subvenciones a la enseñanza concertada, lo que se tradujo en un incremento del 15% de su personal docente (+849 profesores/as) y un 6,7% de su alumnado.

Los cambios legislativos introducidos con la Lomce (la ley educativa de Rajoy) fortalecieron estas políticas a través de la implantación del distrito único y el precepto de ‘demanda social’ como justificación para incrementar plazas en los centros concertados, siendo su consecuencia más escandalosa en nuestra región la innecesaria concertación de las plazas de bachillerato en los grandes centros de la patronal católica, con un incremento de 35 millones de euros en los presupuestos destinados a la enseñanza concertada. Y sí, la Ley Celaá desmonta este tinglado que beneficia solo a unos cuantos (aunque se hable en nombre de todas las familias) y vuelve a poner al sistema público como eje central y vertebrador del sistema educativo. Normal que al PP no le guste.

Fuente: laopiniondemurcia.es

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