Luengo debe dar explicaciones en sede parlamentaria

Cómo es posible que la Administración regional omita conscientemente durante
años la exigencia de requisitos necesarios para obtener una autorización
administrativa?
Es lo que ha ocurrido con las autorizaciones que otorga la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para la ampliación de explotaciones
porcinas, que solicitan el cambio de orientación productiva de tipo mixto a
cebadero. En concreto, se han obviado los trámites para la Evaluación de
Impacto Ambiental y la autorización ambiental integrada, a pesar de que dichos
trámites eran y son preceptivos.
De momento, conocemos 24 expedientes de los 70 afectados, según la
Consejería, a través de las referencias en los dictámenes del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia (CJRM), que han supuesto la ampliación de 9.363 cerdas de
cría a 91.131 plazas de cerdos de engorde, la mitad de ellas en la cuenca vertiente
del Mar Menor (Fuente Álamo), lo que supone un aumento de casi el 22% de
unidades ganaderas (UGM).
La versión oficial es que «la Comunidad Autónoma, que siempre velará por el
cumplimiento de la legalidad (Marcos Ortuño), advertido el error por sus servicios
jurídicos, inició de oficio la revisión de los expedientes. Además, no se trata de ampliaciones, porque en términos de UGM no se ha producido ningún
incremento».
La otra versión se deduce de los dictámenes del CJRM: no fue la Administración
ni los servicios jurídicos los que advirtieron el ‘error’, sino que un tercero, a
través de alegaciones en un nuevo proceso de ampliación (seguramente un vecino
incomodado) denunció, en enero de 2020, la falta de autorizaciones
ambientales de la granja que pretendía ahora ampliarse. Es en estas
circunstancias cuando el Servicio de Sanidad Animal realiza una consulta a los
servicios jurídicos y estos concluyen que se está incumpliendo la ley de
Procedimiento Administrativo y la legislación ambiental, e insta a iniciar de
inmediato el procedimiento para la revisión de oficio de nulidad de las
autorizaciones concedidas en su día.
A pesar de ello, hasta pasados casi dos años no se inician los expedientes de
revisión, y cuando lo hacen (marzo de 2022) se dejan caducar a los seis meses,
reabriéndose semanas más tarde y llegando, por fin, esta vez sí, al preceptivo
trámite del dictamen del CJRM.
Como puede apreciarse, ambas versiones difieren bastante. Aquí hay muchas
cosas que aclarar, Fernando, y para ello está la sede parlamentaria. Dile a
Antonio que vaya.