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OPINIÓN: Conquistar los servicios públicos para la gente:

El 23 Julio de 2021 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia sacaba a licitación el contrato de «Ayuda a Domicilio» que tantos quebraderos de cabeza ha ocasionado en ejercicios anteriores a la Corporación Local, como consecuencia de la declaración en Concurso de Acreedores de la anterior concesionaria, receptora de la transferencia municipal pero incapaz de hacer frente a la nómina de las trabajadoras y trabajadores que prestaban el servicio, fruto de decisiones de gasto e inversión poco acertadas. Honestamente creo que hemos perdido una oportunidad, seguir dejando la prestación de un servicio tan importante como la intervención más directa sobre nuestros mayores en manos de la iniciativa privada puede generar una serie de desventajas complejas de salvar, experiencia ya tenemos, serían fundamentalmente las derivadas del incumplimiento del clausulado del pliego de prescripciones técnicas del contrato, en ocasiones muy difícil de verificar por parte de la Administración y también los posibles incumplimientos del Convenio Colectivo de las trabajadoras y trabajadores del sector por parte de la empresa, dejando a la Concejalía de Servicios Sociales en una situación comprometida de cara a los usuarios, trabajadoras, trabajadores y sociedad en general.

Una solución honesta, eficiente económicamente -además de con grandes ventajas en el plano impositivo- y que sería capaz de solventar todos los problemas señalados en el párrafo anterior sería la prestación del servicio a través de la gestión directa del mismo por la Corporación Local, en concreto su prestación a través de una empresa mercantil de capital íntegramente público, máxime si la actividad desarrollada, como es el caso, es intensiva en capital humano (en sus dos vertientes: formativa cuidados básicos, formación psicológica y habilidades sociales- y contratación laboral estable y creciente en función de la necesidades del servicio), en este tipo de sociedades el argumento a favor de la innovación tecnológica que podrían desarrollar grandes empresas dentro de lo que se ha venido a llamar tecnología de planta, termino asociado intrínsecamente a todo el organigrama industrial de una gran empresa, carecería de sentido, pues los recursos en este caso no están estancos sino móviles a lo largo del municipio y su objetivo es definido.

La gestión privada de servicio implica la detracción del total del contrato de 773000 euros (IVA, tipo impositivo aplicable 4%) que restarían del importe total del mismo, 773000 euros menos para Gastos Corriente (material de limpieza , EPIS y programas de formación) y Gastos de Personal (nóminas e indemnizaciones por desplazamientos), que son con exclusividad los conceptos contables de la empresa pública que esbozamos en este artículo , 773000 euros, eso sin contar con las remuneraciones a la Dirección ,que en el caso de la Administración serían transparentes y estarían controladas, con el compromiso por Izquierda Unida de que no serían superiores a las de un funcionario con competencias equivalentes a nivel municipal, cosa que en la empresa privada cuyos clientes son las Administraciones públicas nunca ocurre.

Como curiosidad para la lectora, o el lector, señalaremos que la no sujeción al IVA de empresas públicas municipales se encuentra avalada por la Sentencia del Tribunal Supremo 15-X-2010 y diversas consultas a la Dirección General de Tributos, entre ellas la del 25-Mayo-2007, ya que la transferencia existente entre el Ayuntamiento y la Sociedad pública tiene como objeto dotar a esta última de los recursos suficientes para el desarrollo de la función encomendada, no distorsionando la competencia ni generando concurrencia con el sector privado, dado que la prestación del servicio social señalado tendría cabida en el artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.

Cabría señalar también dentro de las bondades de la gestión directa el no sometimiento de la misma al Impuesto de Sociedades, lo cual generaría recursos adicionales para la prestación óptima del servicio en mejores condiciones que una mercantil privada, pues en la gestión directa no habría la necesidad de generar beneficio privado y la transferencia del Ayuntamiento a la corporación pública se trasladaría a l@s usuarios en su totalidad. El impuesto de sociedades tal y como está configurado supondría entre el 15% y el 25% de los beneficios, es decir el descuento a la transferencia municipal del sueldo de directivos y trabajadores, gasto en EPIS, material de limpieza, indemnizaciones por traslados y formación; aún así la empresa debe obtener un beneficio -en teoría-, que le valga para dotarse de los recursos propios (reserva legal) que la ley le marca y repartir un dividendo entro sus socios capitalistas; en la empresa pública el dividendo se reintegraría al Ayuntamiento. A este respecto es interesante la resolución del Tribunal Económico Administrativo del 11 de Julio de 1997.

Por último nos quedaría el tema de la subrogación del personal trabajador, es decir la obligación de acoger al personal trabajador que anteriormente prestaba el servicio dentro del nuevo ente público, el artículo 130.3 de la Ley Contratos del Sector Público facilita tal medida ya que lo condiciona a la existencia de un acuerdo colectivo de eficacia general, acuerdo que como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Abril de 2014 podría venir con total efectividad de las Mesas de Negociación Local Colectiva, ya que el acuerdo de las mismas tienen dicha eficacia.

Vemos pues que la actitud timorata del gobierno de coalición de la Glorieta nos hace desaprovechar auténticas oportunidades de gestión para el ciudadano, para el usuario, para la gente, como reza el titular del artículo. Es imprescindible para engancharnos al tren del cambio de verdad que las alternativas de progreso condicionen los nuevos equilibrios municipales. En nuestras manos queda, mientras tanto debatimos, mi Twitter y yo mismo estamos abiertos a cualquier feed-back.

Ánimos, esperanza y descanso son mis deseos para ustedes este Agosto.

Miguel Ángel Pagán Navarro. Economista. Miembro del Grupo de Economía y Trabajo de Izquierda Unida en Murcia.

Fuente: mucia.com