OPINIÓN: Juego y ludopatía

El de Sergio es un caso más que se suma a las 3.137 personas en la Región que ya han pedido que se les prohíba apostar (RGIAJ 2021), una cifra que entre 2019 y 2021 se incrementó en un 50%, pasando de 2.091 personas a  3.137.

El caso de Sergio García, joven ceheginero atrapado en la ludopatía, se ha hecho viral en las redes sociales por la valiente denuncia pública de su situación personal, un grito de angustia y desesperación pidiendo ayuda ante la imposibilidad de superar la adicción.

Un caso más que se suma a las 3.137 personas en la Región que ya han pedido que se les prohíba apostar (RGIAJ 2021), una cifra que entre 2019 y 2021 se incrementó en un 50%, pasando de 2.091 personas a las ya citadas 3.137. Según el Ministerio de Sanidad un 44% del total de personas en España que solicitan esta prohibición son jóvenes.

Estas cifras sitúan a Murcia, tras Baleares, a la cabeza del crecimiento de personas con ludopatía que piden que se les impida jugar y que junto con el dato, ya repetido hasta la saciedad, del número de salones de juego y casas de apuestas existentes en nuestra región, dan una idea de la dimensión del problema que subyace bajo este grito de auxilio. Lo recordaré una vez más, por si alguien (del Gobierno regional) todavía no lo conoce: 366 salones de juego, uno por cada 4.149 habitantes, cuando la media estatal es de 1 por cada 12.180. Nada que ver, desde luego, con los 127 salones existentes en Cataluña donde hay una ratio de 1 salón de juego por cada 61.129 habitantes.

Ni la situación de Sergio es inevitable ni estos datos surgen por casualidades de la vida, detrás hay toda una acción política del Gobierno regional durante años, no solo permisiva con la industria del juego, sino favorecedora e impulsora de la misma hasta el punto de introducirla casi en las propias aulas de los centros educativos. ¿Cuántos casos conocemos en numerosas localidades de nuestra región de salones de juego situados a escasos metros de un colegio o de un instituto?

Mientras tanto, López Miras sigue sin dar respuesta a lo que, desde esta misma columna, le demandábamos hace escasamente tres semanas: ¿Por qué siguen paralizados el decreto, este desde hace cuatro años, que regula la prohibición de situar un salón de juegos o casas de apuestas a menos de 500 metros de un centro educativo y el decreto que establece la reducción de la publicidad exterior de estos salones para hacerla menos llamativa, que ya fue presentado en la Comisión del Juego y Apuestas hace año y medio? 

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