OPINIÓN: ¿Transfuguismo o coherencia política?

Este ha sido un eje central de los discursos del debate de la moción de censura planteada por Ciudadanos y PSOE contra López Miras, y en el que unos y otros han basado su relato sobre la actitud de los/as diputados/as naranjas que no han secundado la moción. Y, por tanto, si la operación del PP para desactivarla ha sido o no un acto de corrupción.

El diputado Liarte, no obstante, subió un grado más el hilo argumental, golpe en el atril incluido, al plantear que los diputados no están sujetos a mandato imperativo como recoge la CE en su artículo 67.2, cuestión refrendada, además, por abundante jurisprudencia, insistiendo en que «quien se atreva a hablar de transfuguismo está atacando ese principio fundamental de nuestra Constitución». Según su argumento, «los diputados son libres para realizar su función estando sometidos únicamente al pacto electoral con sus votantes expresado en el programa correspondiente», «los diputados no pertenecen a los partidos, estos son meros instrumentos».

Con sus palabras Liarte está afirmando que el Pacto Antitransfuguismo firmado por 22 fuerzas políticas de todo el espectro ideológico, incluidos PP y Ciudadanos, es un ataque a la Constitución. Además, Liarte equipara la disciplina de partido con el mandato imperativo propio de las Cortes del Antiguo Régimen en las que los procuradores acudían con un mandato expreso del estamento que los elegía sin que pudieran modificar nada de las instrucciones dadas, cuestión que dio lugar su prohibición en las constituciones liberales del siglo XIX.

Sin embargo, lo que Liarte no dice es que los partidos políticos, aun siendo instrumentos, tienen hoy un reconocimiento constitucional en el funcionamiento de nuestro sistema democrático (art. 6 CE), teniendo que ser igualmente democráticos su estructura interna y su funcionamiento. Por tanto, su papel en nuestra democracia no es secundario ni menor que el de los/as diputados/as o cargos públicos en general.

De dicho funcionamiento democrático surgen los programas electorales, las listas, las estrategias y los principios de cada partido, a los que sus cargos públicos y militantes se deben, no por mandato imperativo, sino mediante un compromiso ético democrática y libremente asumido.

De cualquier modo, que haya partidos políticos, como Ciudadanos o Vox, y cargos públicos que no entienden de democracia interna y cuyo modus operandi habitual sea la imposición vertical y autoritaria de decisiones, no legitiman en absoluto el transfuguismo, y mucho menos actos de corrupción.

Fuente: laopiniondemurcia.es

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