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Subidas ilegales del agua potable

Nada de lo que se relata a continuación sucedería, o al menos en menor medida, si el servicio de suministro de agua potable fuera gestionado directamente por los propios ayuntamientos, y no a través de empresas concesionarias. Baste decir que la gestión de este servicio en 39 municipios de nuestra Región está en manos de tres grupos empresariales: AGBA (Hidrogea), FCC (Aqualia) y Entrecanales (Acciona); los dos primeros, a su vez, controlan la mitad de la gestión del servicio de agua potable de toda España, lo que da una idea de su capacidad de presión tanto ante la Administración regional como ante los distintos ayuntamientos.

Estas empresas concesionarias están ligadas a las corporaciones municipales a través de contratos exorbitantes cuyos beneficios se fían a una actualización continua y permanente de las tarifas que pagamos los/as ciudadanos/as, y a la cual se trasladan costes que la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española y el Real Decreto 55/2017, que la desarrollan, prohíben expresamente por ser de naturaleza jurídica distinta, como son, por ejemplo, la referencia al IPC, la amortización de inversiones, el beneficio industrial o déficits anteriores del servicio que han generado deudas y desequilibrios contractuales con la empresa concesionaria.

Desde el pasado 17 de junio de 2022, el Consejo Asesor Regional de Precios, organismo que informa preceptivamente sobre las propuestas de revisión de tarifas que hacen los ayuntamientos, revisión que finalmente autoriza el consejero de Economía o la consejera de Empresa, venía aplicando los criterios derivados de las citadas normativas de Desindexación de la Economía Española exigiendo a los ayuntamientos justificar sus propuestas con base en el incremento de los costes efectivos acreditados conforme a ley, no admitiendo la imputación de otros conceptos como los expresados anteriormente.

Estos criterios de actuación fueron avalados por los servicios jurídicos de la propia Consejería de Empresa desestimando un recurso del Ayuntamiento de Moratalla y son los mismos que esgrime la Junta Regional de Contratación dependiente de la Consejería de Economía siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo.

Pues bien, desde mayo de 2024 el mencionado Consejo Asesor Regional de Precios ha cambiado su criterio, informando favorablemente propuestas de subida de tarifas con arreglo a principios estrictamente prohibidos por la normativa antes citada y contrarios a todas las fuentes jurídicas referidas. Así, se han aprobado subidas de tarifas en Murcia, Lorca, Yecla, Archena, Jumilla, Alhama, Fortuna o Cartagena, entre otras muchas.