Vivienda: ¿derecho o bien de mercado?
La vivienda es un derecho yson las Administraciones públicas las que deben asumir la obligación de hacerlo efectivo. Estas premisas no deberíamos obviarlas nunca.
Cualquiera nos dirá que la vivienda es un problema en España y, por supuesto, también en nuestra Región. No obstante, hay un debate previo a esta consideración que deberíamos aclarar: ¿la vivienda es un derecho o un bien de mercado? De la respuesta dependerán las medidas aplicadas para abordar el mencionado problema.
Si acudimos a la CE, el artículo 47 no deja lugar a dudas: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
Efectivamente, se trata de un derecho, y son las Administraciones públicas las que deben asumir la obligación de hacerlo efectivo. Estas premisas no deberíamos obviarlas nunca cuando hablemos de vivienda.
Desde esta perspectiva, ¿cómo explicas, Fernando, que las viviendas protegidas en nuestra Región, financiadas con Planes Estales de Vivienda y planes autonómicos, sean el 2,23% (311) del total de viviendas iniciadas y terminadas en la última década, mientras a nivel estatal representan el 12,3% (86.539)? O, dicho de otra forma, ¿cómo explicas que en la Región de Murcia solo se construya el 0,36% del total de las viviendas protegidas del conjunto de España en los últimos diez años?
Te adelanto dos posibles explicaciones, aunque tú ya las sabes, Fernando. Una: el PP, partido tan constitucionalista, defiende, en la práctica (también en la teoría) que la vivienda es un bien de mercado y, por tanto, atañe solo tangencialmente a las Administraciones públicas. Dos: tu gobierno es un pésimo gestor. Pondré solo un ejemplo con la gestión del Programa de fomento del parque de vivienda destinada al alquiler, programa incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Este programa contaba con una financiación de 13,8 M para todo el periodo (10M Ministerio y 3,8 M CARM), la Consejería de Fomento hizo dos convocatorias con sendos presupuestos de 5,3 M y 1,6 M respectivamente, la última se anuló por finalización del PEV y la primera solo ejecutó 1,4 M, el 10% del presupuesto total.
Con este panorama, causa indignación oír a García Montoro tratar de justificarse ante los reproches del CES en esta materia. Soluciones hay, pero no dentro de tu esquema. Además de la colaboración privada, y con mayor motivo, si esta no se pone al servicio de la Administración, existe la promoción pública.
