IU-Verdes denuncia que el PP y los tránsfugas de Vox aprueban un decreto de vivienda «al servicio de la especulación y contra la democracia parlamentaria»
El diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, y la coordinadora regional de IU-Verdes de la Región de Murcia, Penélope Luna, han denunciado la convalidación por parte del PP y la parte escindida de Vox, con la facilitación también de este partido mediante su abstención, del decreto-ley de vivienda impulsado por el Gobierno regional, una norma que, a su juicio, «ha sido elaborada al dictado de la patronal regional de la construcción y de los intereses del mercado inmobiliario, ignorando las verdaderas dificultades que tienen la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia para acceder a una vivienda digna y asequible».
Álvarez-Castellanos ha criticado igualmente el procedimiento elegido para sacar adelante la norma. En su opinión, el Gobierno regional ha recurrido de forma interesada a la figura del decreto-ley para evitar la tramitación parlamentaria ordinaria prevista en el Reglamento de la Asamblea Regional. «Con ello se ha impedido que los grupos parlamentarios pudieran presentar enmiendas, se han eliminado las comparecencias de organizaciones y colectivos sociales y se ha privado a la ciudadanía de participar en el debate legislativo». Además, ha recordado que la norma ha sido convalidada en la Diputación Permanente, sin la participación del conjunto de los diputados de la Cámara. «Estamos ante un auténtico atraco a la democracia parlamentaria y una forma de actuar profundamente caciquil por parte de la derecha y la extrema derecha murcianas».
Por su parte, Penélope Luna ha señalado que «el Gobierno regional vuelve a demostrar que entiende la vivienda como un negocio y no como un derecho. Mientras miles de jóvenes y familias trabajadoras no pueden emanciparse o se ven obligadas a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, el Ejecutivo del PP legisla para facilitar nuevos beneficios a los grandes intereses inmobiliarios». La coordinadora regional de IU-Verdes ha advertido de que «esta forma de gobernar profundiza en la desigualdad y convierte el acceso a una vivienda digna en un privilegio reservado para quien pueda pagarlo».
Respecto al contenido del decreto, el parlamentario de IU ha advertido de que la denominada vivienda «asequible» fija un precio de venta que alcanza los 235.000 euros o más para una vivienda de 90 metros cuadrados útiles, una cantidad que, según los datos de renta disponibles, deja fuera de su alcance a alrededor del 75 % de las familias de la Región de Murcia. Asimismo, ha denunciado que el precio máximo del alquiler se fija en el 6,5 % del precio máximo de venta —calculado sobre un módulo de 1.840 euros por metro cuadrado construido—, lo que supone un alquiler de aproximadamente 9,9 euros por metro cuadrado, superior incluso al precio medio del mercado regional, situado en 9,5 euros por metro cuadrado el pasado mes de junio.
Álvarez-Castellanos ha rechazado también que el Gobierno presente esta iniciativa como un nuevo modelo de vivienda protegida cuando, en realidad, «encarece hasta un 30 % el precio de este tipo de viviendas y supone un claro retroceso respecto al decreto anterior, que fue rechazado por la Asamblea Regional». En este sentido, ha explicado que la nueva norma elimina, en determinados supuestos, la obligación de destinar a vivienda protegida las promociones que obtienen incrementos de edificabilidad, una condición que sí contemplaba la regulación anterior. Además, reduce la superficie mínima de las viviendas hasta los 27 metros cuadrados útiles.
La coordinadora regional de IU-Verdes ha añadido que «el problema de la vivienda en la Región de Murcia no se resolverá construyendo viviendas más pequeñas ni desprotegiendo el suelo destinado a vivienda protegida. Se resolverá aumentando el parque público de vivienda, limitando la especulación y aplicando políticas que pongan por delante el interés general frente al beneficio privado».
Para el diputado de Izquierda Unida, estas medidas están claramente orientadas a facilitar la transformación de locales comerciales y bajos en viviendas destinadas al alquiler turístico y de temporada, favoreciendo un nuevo incremento de la especulación inmobiliaria y de los precios de la vivienda, en lugar de ampliar la oferta residencial para quienes necesitan una vivienda habitual.
Finalmente, tanto Álvarez-Castellanos como Luna han coincidido en reclamar un giro radical en la política de vivienda del Ejecutivo autonómico. El diputado ha recordado que las medidas realmente eficaces pasan por la promoción pública de vivienda destinada al alquiler asequible, el impulso decidido a la rehabilitación mediante ayudas públicas y la creación de un parque público permanente de vivienda protegido de la especulación del mercado.
En palabras de Penélope Luna, «Izquierda Unida seguirá defendiendo que el derecho a la vivienda debe situarse en el centro de las políticas públicas. Frente a un Gobierno que legisla para unos pocos, seguiremos trabajando para garantizar que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin que el acceso a una vivienda digna sea un obstáculo insalvable»
