A golpe de decreto

El Gobierno regional, al más puro estilo de la ‘doctrina del shock’, aprovecha la crisis de la Covid-19 para introducir medidas en la Ley de Protección Ambiental (pero también en la de Vivienda, Puertos, y Suelo), que nada tienen que ver con la misma y que, en un momento de menor consternación social, sin duda tendrían una amplia contestación a todos los niveles.

Utiliza para ello la fórmula del decreto-ley, pensada para medidas de urgente y extraordinaria necesidad, por lo que su tramitación de convalidación obvia el procedimiento legislativo habitual, abierto a la participación de partidos y ciudadanía. Aplicar esta fórmula innecesariamente para estas reformas es un hurto a la democracia, en la que el PP parece creer cada vez menos.

La última reforma por esta vía ha sido la modificación de la Ley de Protección Ambiental de la Región de Murcia, con la falsa justificación de una mayor agilidad administrativa a la hora de tramitar autorizaciones y evaluaciones ambientales, que parecen ser el mayor impedimento del desarrollo de la actividad económica en nuestra región.

Veamos una pincelada ilustrativa. Cualquier modificación de un proyecto, ya evaluado ambientalmente, que suponga un incremento de más del 15% de emisiones a la atmósfera, vertidos a cauces o afección a áreas protegidas, debía someterse, hasta ahora, a evaluación de impacto ambiental simplificada. Con la reforma este límite se incrementa hasta el 30% sin necesidad de evaluación ambiental alguna. Además, algunas modificaciones de autorizaciones de vertido, emisiones o residuos, no sustanciales, podrán efectuarse por silencio administrativo positivo en el plazo de treinta días. Esto no es agilidad administrativa, sino insensatez. Si algo contamina un 30% más de lo que venía haciéndolo, lo normal por parte de la Administración sería revisar y evaluar dicha actividad y no mirar para otro lado.

No obstante, se dirá que hay que reactivar la economía para superar la recesión a la que nos empuja la crisis sanitaria, pero ¿qué economía queremos reactivar e impulsar? ¿La del desarrollismo urbanístico salvaje y de la agroindustria intensiva, que han dejado tras de sí suelos y paisajes arruinados y el mayor reguero de corrupción de nuestra historia reciente, hipotecando el futuro de otros sectores como el turismo en el Mar Menor?

Esta parece ser la apuesta de López Miras, una vez más plegado a los intereses de la Croem. Ya sabemos de qué va a ir el Plan Reactiva 2020.

Fuente:laopiniondemurcia.es

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