Copagos confiscatorios en residencias de mayores

La semana pasada compareció en la Asamblea Regional la vicepresidenta, Isabel Franco, para explicar la gestión de su consejería durante la pandemia de la Covid-19, con especial atención a lo sucedido en las residencias de personas mayores.

Pensé que, entre dato y dato, con tanta alabanza a esta generación tan sacrificada la vicepresidenta iba a plantear, a renglón seguido, una de las cuestiones más injustas que padece este colectivo, especialmente en nuestra región: el copago de las plazas de residencia (amén del de medicamentos), asunto en el que el Gobierno regional realiza una auténtica acción confiscatoria de las pensiones de los beneficiarios.

Veamos: hasta mayo de 2010 los beneficiarios de una plaza de residencia de mayores ordinaria contribuían con su pensión hasta el 75% del coste de la misma, excluyendo las pagas extras y apartada una cantidad de diez mil pesetas (decreto de 1996) como fondo de disposición privada.

En esa fecha, un nuevo decreto endureció las condiciones, justificándose en el déficit de las arcas públicas por la crisis económica, de manera que las pagas extras pasaron a contabilizarse como parte de la renta para calcular la capacidad económica de la persona beneficiaria y, por tanto, su contribución al copago, del tal forma que los meses de junio y diciembre se ha de pagar el doble. Dicho decreto, además, aumentó su contribución hasta el 90% del coste de la plaza en residencia ordinaria, obviando incluso la progresividad establecida en la ley, y fijó el dinero para uso personal en 120 euros (ahora 109,72 euros al referenciarlo al IPREM en 2013).

Como dato comparativo, en la vecina Comunidad Valenciana las pagas extras no se contabilizan y la cantidad disponible para uso privado es de 219 euros. Estas fueron modificaciones introducidas por el Gobierno de coalición de izquierdas en 2015, transformando así una situación que era idéntica a la murciana. Y es que, aunque existe un acuerdo de 2008 del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención de la Discapacidad que establece los criterios mínimos comunes para la participación económica de las personas beneficiarias en las prestaciones del Sistema de Dependencia, las Comunidades autónomas pueden regular condiciones más ventajosas.

Murcia, sin embargo, no solo cuenta con las terceras pensiones medias más bajas del país, es además la Comunidad autónoma que peor trata a sus mayores en cuestiones de copago. Anuncio moción en Ayuntamientos y Asamblea.

Fuente:laopiniondemurcia.es

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