Atención Temprana: derecho universal y gratuito ya

Los efectos negativos de todas las crisis siempre inciden con más intensidad en quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Tal es el caso de los niños/as usuarios del Servicio de Atención Temprana en los diversos centros de la región y también de la comarca del Noroeste y Río Mula, servicio que ha estado suprimido desde la aprobación del estado de alarma hasta finales de mayo por razones de la pandemia de la Covid-19, siendo sustituido por un protocolo de actuaciones que incluye consultas telemáticas y telefónicas y solo asistencia presencial en casos imprescindibles.

Entendiendo la situación derivada de la necesidad de frenar la expansión de la pandemia como objetivo prioritario, no es menos cierto que el protocolo adoptado en el caso de la Atención Temprana ha derivado en un alargamiento importante de listas de espera con la consiguiente disminución de la atención necesaria que estos niños/as demandan, situación que de prolongarse en el tiempo, puede llegar a repercutir de manera negativa en su desarrollo personal.

Así lo pone de manifiesto un grupo de padres y madres del Noroeste con niños/as con discapacidad usuarios de este servicio ante la comunicación de que tampoco en septiembre se iniciarán las sesiones de terapia presencial.

Cuando algo así ocurre debería pensarse más en cómo debe adaptarse la administración responsable del servicio para mantener la calidad e intensidad del mismo, en vez de que sean los usuarios los que se adapten a los medios existentes y a las exigencias que plantea la nueva situación -aunque ello conlleve el incremento de los recursos, tanto económicos y materiales como humanos-, cuestión que en este caso debería haberse concretado en más contratación de fisioterapeutas, psicólogos o logopedas, entre otros. Esto, sin duda, disminuiría las listas de espera permitiendo mantener la frecuencia necesaria de los tratamientos y terapias compensando los tiempos y circunstancias impuestos por la necesidad de garantizar las debidas medidas sanitarias.

El problema es que esta crisis sanitaria y sus consecuencias han venido a incidir sobre un servicio que también sufre recortes -300.000 euros este año 2020- y está más que necesitado de una regulación normativa y jurídica urgente que lo reconozca como un derecho universal y gratuito que requiere de una red pública que “garantice el acceso a los recursos y prestaciones de atención temprana en condiciones de equidad territorial y económica.”

Sin embargo, dicha regulación recogida en el Proyecto de Decreto correspondiente lleva dando tumbos por la Consejería de Política Social desde febrero de 2017 en que empezó su tramitación mediante el procedimiento de exposición pública y todavía sigue en el limbo legislativo, a pesar de los diversos compromisos públicos de la anterior consejera y de la actual para su inminente aprobación.

Precisamente, el informe del Consejo Económico y Social, preceptivo en la tramitación del citado proyecto de ley, deja constancia de la insuficiencia de la red de centros y la necesidad de ampliación del servicio, lo que permitiría, en situaciones como la actual, dar una respuesta mejor y más inmediata a los usuarios que dependen del mismo.

También el proyecto de ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, presentado ya en la Asamblea Regional pero sin haber empezado el trámite parlamentario para su aprobación, reconoce la Atención Temprana como un derecho subjetivo que puede ser reclamado ante la administración de justicia pudiendo esta adoptar las disposiciones necesarias para  restablecer el ejercicio pleno del mismo.

Y mientras el gobierno regional nos desespera con su lentitud legislativa y la crisis sanitaria nos impone sus condiciones, sigue habiendo niños/as y familias que necesitan atención y certidumbre.

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