Libertad de enseñanza, ¿derecho preferente?

¿Por qué entonces, el Gobierno de López Miras ha gastado en los cursos 18/19 y 19/20, más de veinte millones de euros en concertar más unidades de bachillerato en centros privados como Maristas de Murcia y Cartagena, Nelva-Monteagudo, Jesús María, o Jesuitinas, entre otros?

Es la forma en que el PP, Cs y Vox plasman, en políticas concretas, su discurso sobre la libertad de enseñanza y su corolario ‘el derecho preferente’ de los padres a la libre elección de centro educativo. Pero estas políticas ni responden a una necesidad objetiva del sistema educativo ni de las familias en su conjunto. Se trata, pues, de financiar la ampliación de la oferta educativa, fundamentalmente de la patronal católica de la enseñanza, a coste cero para ella y con dinero público, afianzando así su papel de garante de una moral social arcaica, reaccionaria, machista y homófoba, y que nada tiene que ver con los valores cristianos.

Así, que no la llamen ‘libertad de elección de centro’ cuando quieren decir favor a unos pocos privilegiados costeado con dinero de todos, ni tampoco ‘libertad de enseñanza’ cuando quieren decir renuncia de los poderes públicos de su obligación constitucional de garantizar el derecho de todos/as a la educación, cediendo esta competencia y su iniciativa al sector privado, que la desarrolla en función de sus intereses y en contra de la igualdad de oportunidades. Ambas ‘libertades’ no son un derecho preferente de los padres, ese discurso es una interpretación interesada del artículo 27 de la Constitución española, en un doble sentido: monetario e ideológico.

El verdadero derecho preferente es el de niños/as y jóvenes a tener una educación que les garantice el desarrollo máximo de su personalidad, aptitudes y capacidad, que les inculque el respeto a los derechos humanos y les prepare para asumir una vida responsable en una sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistad entre todos los pueblos, y respeto al medio natural. A ello nos comprometimos como país al firmar la Convención de los Derechos del Niño en 1990.

Fuente:laopiniondemurcia.es

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