No son tiempos de costura

El Instituto de la Mujer ejecutaba presupuestos de casi doce millones de euros, frente a los 4,5 de la actual dirección general

El lunes próximo, 25 de noviembre, volveremos a salir a la calle convocadas por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia para rechazar, una vez más, la violencia machista y recordarles a las Administraciones públicas su obligación de impulsar políticas capaces de acabar con el goteo de mujeres asesinadas. Ya son 49 víctimas mortales (una en la Región de Murcia) este año, y 1.024 desde que hay estadísticas.

Mucho tiene el Gobierno regional de López Miras e Isabel Franco que avanzar para estar, al menos, a la altura de la exigencia de esta terrible realidad. Dar cumplimiento a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia ya sería un buen comienzo.

No es de recibo que se anuncie la creación del Observatorio de Igualdad, ahora pendiente del dictamen del Consejo Jurídico, con once años de retraso, por apatía política de los gobiernos del PP. O que se niegue la recuperación del Instituto de la Mujer, órgano previsto en la ley, con el argumento de que «la diferencia con la actual Dirección Regional de la Mujer es solo administrativa» (Violante Tomás dixit).

Hay que recordar, sin embargo, que el Instituto ejecutaba presupuestos de casi doce millones de euros, frente a los 4,5 de la actual dirección general, y que su objetivo era mucho más amplio, como puede comprobarse en la definición que le da la propia ley como «organismo gestor de las políticas en materia de mujer, entendidas como el ejercicio de todas aquellas acciones dirigidas a la consecución de la igualdad de sexos, remoción de obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho y la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en la Región de Murcia».

Tampoco estaría de más que la vicepresidenta y consejera Franco anunciara, sin titubeos, la inclusión de la atención a las víctimas de violencia de género en el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, como recomienda el Consejo Económico y Social, reconociendo dicha atención como un derecho subjetivo de las víctimas que garantiza su prestación al amparo de vaivenes presupuestarios. Así, recortes como el de los CAVIs en 2012 no se repetirían.

Por cierto, el reforzamiento de estos centros para impulsar políticas de educación y prevención con mayor amplitud e intensidad también estaría bien.

Fuente:laopiniondemurcia.es

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