OPINIÓN: Adivar: el otro estado de la Región

Si ha habido un colectivo especialmente reivindicativo de sus derechos, este ha sido el de las familias de las personas con discapacidad intelectual, que, careciendo desde un principio del apoyo institucional y del tejido asociativo que les respaldara, ha realizado un largo y duro recorrido en los últimos cuarenta años hasta conseguir el reconocimiento de los derechos y de la plena inclusión de sus familiares, con las administraciones siempre a remolque de sus reivindicaciones.

No obstante, las leyes de Servicios Sociales han ido configurando un sistema público de protección con una cartera de servicios que garantiza el cumplimiento de dichos derechos a través de prestaciones como la Atención Temprana, plazas residenciales y Centros de Día y programas de inclusión laboral y educativa, entre otras.

Por eso, indigna tanto el incomprensible caso de la Asociación de Personas con Discapacidad del Valle de Ricote (ADIVAR), asociación sin ánimo de lucro integrada por familiares de personas con discapacidad intelectual que se organizaron en 2009 para cubrir un servicio hasta entonces inexistente: la atención educativa, social y laboral de sus familiares. Esta encomiable actividad se encuentra totalmente lastrada por el impago de más de 140.000 euros que la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote le adeuda, desde hace años, ante la pasividad de los propios ayuntamientos, de la consejería de Política Social de Isabel Franco y del mismo presidente.

Una deuda reconocida con inaudita indiferencia por dicha mancomunidad, que ni se personó en el proceso judicial al que tuvo que recurrir ADIVAR para reclamar lo que le debía, según convenio firmado en 2013, ni hace amago de pagar después de ser condenada.

Mientras, la falta de financiación obliga a la asociación a hacer verdaderos equilibrios para mantener abiertos el Centro de Día, el servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y otros servicios de ocio y asesoramiento para las familias, poniendo en peligro su continuidad y paralizando proyectos de mejora, lo que causa un daño irreparable a los usuarios/as, amén de la posición insostenible a la que somete a las trabajadoras que llevan meses sin cobrar, habiéndose dado, incluso, algún abandono del puesto de trabajo.

Aunque la Mancomunidad sea la responsable directa de la situación, López Miras y la consejería de Política Social deben garantizar el derecho de los usuarios/as de ADIVAR a la plena inclusión y a la autonomía personal, ¿a qué esperan para actuar?

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