OPINIÓN: Ley valenciana del juego, un ejemplo

T engo la suerte de vivir en una ciudad, Mula, que admite todos los calificativos de bienestar que se le quieran adjudicar y que, sin embargo, tiene una densidad de salones de juego y casas de apuestas diez veces superior a la de la ciudad de Barcelona: uno por cada 3.000 habitantes, mientras la capital catalana cuenta con uno por cada 31.340; cinco salones para los 15.000 habitantes del casco urbano de mi localidad, uno de ellos a 47 metros de un instituto de Secundaria, y 53 para los casi un 1.700.000 habitantes de Barcelona.

Desde 1995, fecha de la aprobación de la ley del juego regional, el Gobierno murciano ha permitido instalarse a las empresas del juego sin ninguna planificación y sin apenas limitaciones. Así, hasta 2012 no se introdujo criterio limitante alguno, en este caso la distancia entre salones, que, sin embargo, sirvió de poco ya que el periodo de mayor crecimiento se dio precisamente a partir de 2013 pasando de 141 a 366 salones en 2020.

Con respecto a centros educativos no existe limitación alguna, a pesar de que el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (2008) señala específicamente en su artículo 51 que para la planificación regional del juego se tendrá en cuenta la proximidad a centros docentes. Sin duda, este comportamiento del Gobierno regional ha de tener alguna relación con los más de 7.000 jóvenes que sufren adicción al juego en nuestra región, según datos aportados por la FAPA ‘Juan González’.

Contrasta esta situación con la de Valencia, cuyo Gobierno (PSOE-Compromís-Unidas Podemos) ha aprobado recientemente una ley que sitúa a los salones de juego a una distancia mínima de 850 metros de un centro educativo y obliga a aquellos que quedan fuera de este requisito a cumplir con el mismo en el momento de la renovación de la autorización, bien trasladándose o bien cerrando la actividad.

Mientras, López Miras ha descartado un proyecto de decreto, en trámite desde septiembre de 2018, que introducía, por fin, este criterio, aunque rebajándolo a 500 metros y solo de aplicación a nuevas instalaciones sin que afectara a la renovación de las autorizaciones de los salones ya existentes. 

Así que los estudiantes de mi ciudad seguirán recibiendo, a cada entrada y salida de su instituto, el llamativo reclamo de la apuesta porque el Gobierno regional así lo quiere.

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